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¿Qué pasaría si España legaliza la marihuana como Uruguay?

¿Qué pasaría si España legaliza la marihuana como Uruguay?

Cuando los senadores uruguayos sellen la Ley de Regulación del Cannabis, presentada por el presidente Mújica y aprobada ya por la cámara baja, Uruguay se convertirá en el primer país del mundo en legalizar la venta y consumo de marihuana, así como ser también el pionero en la producción y comercialización de la planta por parte del Estado.

Antes de Uruguay ya habían movido ficha los estados de Colorado y Washington, en Estados Unidos, y Portugal, que hace una década despenalizó el consumo de estupefacientes. En España, han proliferado los clubes de consumidores, con especial incidencia en Cataluña y en Euskadi, al calor de un clima de opinión cada vez más proclive a quebrar el estigma en torno a la marihuana y sus derivados.

Hasta no hace mucho tiempo, las iniciativas a favor de un cambio en la política de sustancias mundial eran rutinariamente tachadas de “utópicas”. Cada vez está más claro que la mentalidad utópica es la prohibicionista, y que estamos inmersos en un proceso irreversible que desembocará en el final de la prohibición”, sostiene Alejo Alberdi, preeminente activista por la legalización de las sustancias.

De cara a la inevitable –y hay quien cree que inminente- legalización de la marihuana a nivel mundial, nos preguntamos ¿Qué consecuencias tendría la aplicación en España de una ley similar a la uruguaya?

Económicas. La legalización del cannabis generaría beneficios por, al menos, dos vías: el ahorro del dinero que se gasta hoy el Estado en la represión del tráfico y la vigilancia del consumo, y los ingresos vía impuestos que generaría su venta fuera del mercado negro. Un cálculo realizado por la AMEC con datos de 2003 situaba en 2.500 millones de euros los beneficios económicos para el Estado español de la despenalización de todas las sustancias, 1.500 en impuestos y otros 1.000 millones en ahorro de gastos, incluyendo lucha policial, juicios y gastos de los presos en la cárcel.

En tanto “la marihuana supone el 80% del llamado “problema” de las sustancias”, según Alberdi, habría que reducir un 20% esas cifras, algo menos en la parte policial y bastante más en la penal: “La mayoría de los detenidos por tenencia de hachís no van a la cárcel”, constata Diego de las Casas, abogado especializado en delitos relacionados con narcóticos.

De los 1.200 millones de euros en concepto de impuestos que ingresaría el Estado, habría que restar entre 120 y 180 millones que recauda hoy en concepto de multas. El beneficio neto superaría aún los 1.000 millones de euros.

Sociales. Uno de los argumentos más habituales por parte de los partidarios de la represión es el previsible incremento del consumo que facilitaría la legalización. Sin embargo, la experiencia demuestra que el número de consumidores no tiende a aumentar, por una razón muy sencilla: una persona que quiera colocarse puede adquirir casi cualquier sustancia que quiera en el mercado negro.

Portugal despenalizó el consumo de sustancias en 2001 y, lejos de aumentar, el número de consumidores habituales de sustancias ha caído del 14,1% al 10,6% desde entonces.

Sanitarias. Al contrario de lo que sucede con el alcohol y el tabaco, dos sustancias legales que provocan miles de muertes al año en todo el mundo, no se conocen muertes por el consumo de la marihuana y sus derivados.

En cuanto a los accidentes de tráfico, los datos son cuando menos ambiguos. Por un lago, la DGT advierte que el riesgo de sufrir un accidente de tráfico aumenta un 20% para un conductor que haya fumado un porro; sin embargo, un estudio llevado a cabo en EEUU comprobó que se redujeron los accidentes de tráfico en los estados que habían aprobado leyes sobre marihuana medicinal. ¿El motivo? Muchos conductores habían reemplazado el alcohol por la marihuana y la conducción bajo los efectos de ésta es mucho menos peligrosa que los del alcohol.

De cualquier manera, si tenemos en cuenta el dato anterior –la despenalización no supone un aumento del número de consumidores- los efectos sobre la salud serían los mismos que son hoy mismo: puntuales y, en cualquier caso, privados, por más que el tráfico siga considerándose un “delito contra la salud pública”.

Geopolíticas. “La Guerra contra las sustancias está inextricablemente unida a la Guerra Fría y a la hegemonía de EE UU en occidente. La caída del Muro de Berlín y el desplome de la URSS, unidos al final del mundo bipolar, fueron el principio de su fin. Las oficinas de sustancias de la ONU (la JIFE y la UNODC) cada vez pintan menos. Son tantos los frentes abiertos que en alguna ocasión he comparado a los funcionarios antisustancia internacionales con Hitler en el bunker de la cancillería del Reich, rodeado por los rusos y jugando con divisiones imaginarias, así que “El Hundimiento” sería la película más apropiada para simbolizar la actual situación. El de los presos por delitos imaginarios es uno de entre los muchos problemas que ha traído está aberración, y muy lentamente se van dando pasos para resolverlo, pero todavía queda mucho por hacer”, opina Alejo Alberdi.

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