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¿Es la legalización del cannabis la solución final contra el narcotráfico?

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¿Es la legalización del cannabis la solución final contra el narcotráfico?

Edgardo Buscaglia investigador del crimen organizado de renombre internacional en diálogo exclusivo con Estrategia y Negocios repasó el estado de situación de Centroamérica y Latinoamérica en la lucha contra el narcotráfico; calificó de insuficiente el pensar que la legalización del consumo alcanzará para deshacer las organizaciones delictivas y subrayó que los jefes que se detienen o matan son los líderes de las “franquicias” de venta minorista de drogas, mientras que “los miembros del directorio no son investigados ni tocados”.

Entiende que Centroamérica, por su nivel de integración política, puede avanzar en esquemas institucionales “novedosos” como una fiscalía regional y una policía regional.

buscaglia

Pregunta: Marcola, jefe del PCC en Brasil (la organización criminal más grande y mejor organizada del país dirigida por presos desde las cárceles), dijo que el narcotráfico es un emergente de la post-miseria, ¿es válida esa mirada?

Respuesta: La gente confunde la estructura de estas organizaciones que venden la droga en la calle como minoristas y que son normalmente franquicias con gente joven de entre 14 y 30 años con la organización criminal que las controla. Para que hagan contrabando, vendan drogas o hagan tráfico de personas necesitan de un directorio como las empresas y esos mandos están formados por políticos y empresarios que no salen de un ambiente económico postergado. Las franquicias son formadas por pandillas, son el producto de gente que no tiene oportunidad de laboral, que no tiene acceso al trabajo formal, a la educación, que son parte de la economía informal que, en Latinoamérica y el Caribe representa entre el 40 y el 60 por ciento del PIB.

La organización criminal no es fruto de esa fracción de la sociedad y sus jefes no son los que se identifican en los medios todos los días. Se combaten los síntomas de estos vacios de Estado en materia de educación, salud, infraestructura social que empujan a cientos de miles de jóvenes que se vuelcan como hormigas a la venta minorista de drogas.

P: Cada vez más voces plantean la despenalización del tránsito y consumo como una de las claves para luchar contra el narcotráfico, ¿esa regulación alcanza para desarmar el entramado criminal?

R: Hay que escuchar a los expertos y no tanto a los Presidentes que saben hacer mejor política. (El presidente de Guatemala, Otto) Pérez Molina se equivoca al pensar que legalizando el consumo se van a deshacer de estos grupos. Estas políticas de regulación son de salud pública y son exitosas cuando hay un Estado fuerte que trabaja con la sociedad civil. El 60% de las muertes por sobredosis en Estados Unidos y Europa se da por abuso de drogas legales frente a marcos regulatorios muy débiles.

Hay que trabajar para fortalecer las regulaciones de acceso también a estas drogas y esto no lo menciona Pérez Molina, no plantea que se aborde el problema de las sustancias psicoactivas como un problema de salud pública. Esas drogas legales también son traficadas por las organizaciones criminales, al igual que las ilegales. Hay que trabajar sobre la regulación de acceso a todas, pero sólo no alcanza para deshacerse de las organizaciones criminales.

P: ¿Qué drogas deberían legalizarse? Hay experiencias con la marihuana pero, ¿qué pasaría con las drogas duras?, ¿qué resultados concretos se pueden esperar?

R: Se requiere de un Estado muy fuerte para la regulación. Hace un año y medio en un informe que hicimos para la OEA planteamos un menú de opciones de políticas públicas para aplicar.

El problema no está en la caricatura de legalizar el consumo, ya que las organizaciones criminales, además de traficar drogas, manejan 23 tipos de delitos entre los que se cuentan la trata de personas, la venta de armas, la extorsión, los secuestros, el lavado de activo, las falsificaciones, la pornografía y la piratería.

Hay que combatir la organización criminal fortaleciendo los controles penales y económicos, avanzando en la extinción de dominio, combatiendo la corrupción política, haciendo prevención social. Esas son las herramientas que funcionaron en 109 países. Legalizando o descriminalizando no baja la delincuencia organizada.



Puede haber una mejora en el acceso a la salud pública si se regula el consumo de drogas que generen algún beneficio al cuerpo humano, que calmen dolores. Hay que fortalecer el marco regulatorio, hacer que los inspectores no sean corrompidos como sucede en Centroamérica y ese esquema tiene que aplicarse también a las drogas que hoy son legales. Hay consenso sobre que la guerra contra el narcotráfico produjo el “efecto cucaracha”; se fumiga en una parte y el delito se desplaza a otra. De México a Centroamérica, ahora al sur, a la Argentina. ¿Coincide?

Se necesitan dos para bailar tango y eso se sabe muy bien. Es cierto que los grupos criminales mexicanos se desplazaron a 58 países del mundo, incluyendo el sur de Latinoamérica. Esa es una parte; la segunda sería Argentina que colaboró con el desmantelamiento de políticas de inversión social (no en el sentido populista), que continuó con la inercia de no desmantelar la corrupción y hoy tiene grupos de 27 países operando en su territorio porque le bajaron los costos operativos y hay más impunidad. Con estos grupos ocurre como con las empresas, actúan donde tienen menos costos. Hoy en Argentina hay organizaciones criminales chinas, rusas, ucranianas. No se puede culpar al resto por lo que sucede porque esa realidad no se ve en Chile o en Brasil. Pasa en Argentina porque sufre de grandes vacios de Estado.

P: En Centroamérica domina la idea de que la lucha contra los narcos sin Estados Unidos es imposible, ¿cómo hacerlo; hasta dónde ceder soberanía?

R: Deben entender que prevenir y combatir no es cuestión de tener más policías y ejércitos, más gorras de la DEA; es cuestión de aumentar el costo país para que los grupos operen.

Las organizaciones criminales se mueven allí porque encuentran un paraíso, porque los países no cooperan adecuadamente en materia judicial; hay un problema de cooperación internacional. Estados Unidos puede ayudar con asistencia técnica, pero hace falta la decisión política para establecer una fiscalía regional como la que funciona en Europa. El crimen organizado se organiza con grupos transnacionales y hay que enfrentarlos de la misma manera.

El juez italiano Giovanni Falcone, asesinado por la mafia, decía que no se puede combatir a la delincuencia organizada con un Estado desorganizado. Hay que generar instituciones novedosas; no hay fiscalía regional, ni políticas regionales que cooperen limitadamente para causas complejas.



No se toman decisiones políticas difíciles como éstas porque se entiende mal el concepto de soberanía; se piensa de manera muy feudalizada y se cae en la caricatura de que todo lo tiene que hacer Estados Unidos. Debería haber órdenes de aprensión y de cateo regionales, pero no se exploran esos mecanismos, Es patético cómo miran Pérez Molina o (Cristina) Kirchner lo que hace Estados Unidos en vez de mirar hacia adentro. Estados Unidos puede avanzar en la regulación de su consumo (que aumenta en drogas sintéticas y baja en las otras), pero no se puede esperar que haga todo. Es un país en decadencia relativa, está en vías de subdesarrollo social y políticamente hablando. El modelo más moderno de seguridad humana es el de la Unión Europea, que tiene tasas delictivas entre cuatro y cinco veces más bajas que las estadounidenses.

P: ¿Serviría oficializar la categoría de "países puente" como reclaman algunos gobiernos centroamericanos?

R: Es muy miope Pérez Molina; los países puentes de hoy mañana son productores. Esa mirada es miope y cortoplacista; hay que abordar mecanismos de cooperación que sirvan para los próximos cien años. Kirchner, (Dilma) Rousseff, Pérez Molina, deben pensar como los fundadores de sus países, para las próximas cinco generaciones y en ese sentido categorizar a los países no es útil.

P: Los narcos han cooptado el poder político, ¿cómo luchar contra ese avance?

R: Hay un marco muy abarcador que todos los países–menos Estados Unidos- ratificaron, como es la Convención de Mérida que, además de ser un instrumento jurídico, contiene todas las mejores prácticas de combate de la corrupción política y privada. Las naciones violan más del 50% de esas cláusulas; hay que focalizarse en las acciones que indica esa convención. El sistema electoral en la mayoría de los países (menos Uruguay, Colombia y Costa Rica) son sistemas cerrados donde la lista de precandidatos está elegida por los caciques de partidos sin participación ciudadana. Ese esquema los convierte en muy fácilmente capturables por el delito organizado o por organizaciones no delictivas, como los oligopolios privados, que ponen candidatos por debajo de la mesa. Se debe comenzar por una revisión de las leyes que rigen el sistema electoral de la región y usar los sistemas que no promueven la corrupción; ya hay estudios muy serios a nivel internacional sobre ese tema. Hay que empezar por ahí para marchar a una verdadera democracia, sino estamos ante pantallas de democracia.

P: Los gobiernos publicitan fuerte cuando matan o capturan a líderes narcos, ¿su desaparición pone en riesgo la existencia de la estructura?

R: Los verdaderos jefes de estos grupos criminales son jefes de franquicias; los miembros del directorio no son investigados ni tocados. Eso sí pasó en Colombia entre 2002 y 2009 cuando se desmanteló la red política que protegía a los para militares y a las Farc y más del 60% del Congreso se sometió a proceso. Lo mismo sucedió en Italia, cuando un tercio del parlamento terminó procesado. Pero pocos países hicieron las cosas bien; lo que vemos en general es el ataque a la franquicia y así no se desmantela la empresa, hay que ir al corazón. Por eso suelo hablar de la pantalla mediática, se ataca a la manifestación más burda, más simple, más socialmente marginada…

P: Pone como ejemplo a Italia y Colombia, ¿qué puede tomar Centroamérica de esas experiencias?

R: Centroamérica tiene la gran ventaja de ser una región muy coordinada políticamente a través de organismos comunes. Tiene la oportunidad de generar fiscalías regionales y no acudir a la ONU para afrontar delitos complejos transnacionales y tiene más probabilidad que el resto de generar estructuras novedosas, como una policía regional y avanzar hacia un tribunal especializado. Esas alternativas deberían estar siendo consideradas por los Presidentes ya que no sería ciencia ficción; en Sudamérica hay más feudalismo, más sujeción a instituciones nacionales.

P: ¿Qué rol tienen los empresarios en este combate?

R: Han estado muy pasivos en este problema; generan conferencias, mecanismos de concientización, tienen universidades propias…pero abordan el tema de una manera muy sesgada, sin asignarle responsabilidad. Deberían generar redes, por ejemplo, para combatir el lavado de dinero, no sólo los bancos, sino los joyeros, los notarios, los comerciantes. Formar redes ayuda para identificar los patrones de infiltración; el Estado puede cooperar y, como hace en Estados Unidos, con información de inteligencia dar datos que sirven para prevenir.

No veo esa cooperación operativa entre los empresarios, veo mucho hotel cinco estrellas y cocktailes; no se ve el otro trabajo. Muchas veces la infiltración no es financiera. No se trata de contratar más guardaespaldas y poner más rejas, sino de prevenir con auditores esos patrones. No hay ese activismo operativo; hay buena voluntad pero no una red de empresarios que tengan ese objetivo.

P: ¿Espera reformas en los pactos internacionales en la lucha contra el narcotráfico?

R: Hay un gran lobby del sector farmacéutico para mantener el status quo. La ONU no es el Olimpo de santos y santas; está expuesta a presiones. No hay interés en cambiar el estado de situación, las convenciones de la ONU son el corset sobre por qué no hay avances en materia de salud pública. Son los países los que se mueven más rápido ya que esos organismos son simplemente burocracias que funcionan para las naciones que los sostienen. La OEA es muy pasiva, espera que Estados Unidos, Brasil y México tomen la delantera.

Son los que deberían avanzar en el sentido de los estados de Colorado y Washington y no sólo con la regulación de la marihuana sino con todos los opioides con algún beneficio para la salud.

Se deberían instrumentar esquemas regulatorios muy restrictivos, aunque hoy sea Chile el único de la región en condiciones de aplicarlos. Hay que marchar hacia fortalecer el Estado. Hay que trabajar con un grupo de países como Estados Unidos, los de Europa, China e India, los más dinámicos en materia económica con problemas crecientes de consumo y producción de precursores y drogas sintéticas. Si ellos avanzan la ONU tomará esa tracción; es una burocracia cara que sirve para ponerse de acuerdo cuando los países más grandes ya lo hicieron. 

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