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El tira y afloja por la cannabis en Chile

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El tira y afloja por la cannabis en Chile
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La siembra de una hectárea de cannabis para uso medicinal en el Maule estuvo en duda esta semana. Dilaciones administrativas hicieron que, de demorarse más la aprobación, cuatro mil pacientes quedaran sin acceso al fármaco hecho a base de cannabis el año que viene.

La actriz Ana María Gazmuri y Daya, la fundación que preside, sacaron la voz. Y a última hora se entregó la aprobación que asegura la realización del estudio clínico sobre la cannabis más grande que se haya hecho en Chile.

Juan Villarzú, ex presidente de Codelco en los gobiernos de Frei y Lagos, ahora presidente del complejo portuario de Mejillones, dice que nunca en su vida fumó marihuana, pero que un día de principios de este año decidió juntarse con la actriz Ana María Gazmuri, presidenta de la fundación Daya. Quería enterarse de cómo la marihuana medicinal podía tener un impacto en las políticas públicas de salud.

Sin quererlo, Villarzú se encontró con una posible terapia para su enfermedad. De los 71 años que tiene, ha pasado los últimos 20 lidiando con los efectos del parkinson, mal que le fue diagnosticado en 1995. En el encuentro, Gazmuri le contó los objetivos de su fundación, pero también le mencionó que la preparación en base a cannabis, que puede servir para paliar el dolor en enfermos de cáncer, además de disminuir las crisis en pacientes con epilepsia, le podía servir para su propia enfermedad. Villarzú le dio una vuelta a la idea y unos meses más tarde sumaba esta suerte de resina de cannabis a su tratamiento. “Me sirvió mucho para disminuir los dolores a la columna”, cuenta. “Ocupé cannabis dos meses. Ahora mi doctor me pidió que parara para probar otros medicamentos. Pero a mí me funcionó bien y mi idea es poder retomarla a principios del año que viene”.

Villarzú sabe que Ana María Gazmuri y su fundación viven una semana crucial. La siembra de una hectárea de marihuana en el Maule para transformar esa cosecha en medicamentos estuvo al borde de ponerse en duda. Los informes que la intendencia de esa región debe entregar al SAG para que este organismo apruebe el inicio de la plantación se fueron dilatando. Y sin esa aprobación, las 6.900 semillas de marihuana que están en Holanda no podían iniciar su viaje al país.

“La siembra estaba programada para el viernes 23 de octubre”, contaba Gazmuri, antes de que los papeles estuvieran listos el mismo día 23. “Los servicios del Estado se responsabilizan entre ellos y la dilación del tema hace que la siembra peligre”, decía. En el mejor de los casos, la siembra podría empezar a fines de este mes y eso dispararía los costos. Se tendrían que comprar más semillas para generar la misma producción. Y si los días siguen pasando, la plantación puede convertirse en inviable.

El programa de la fundación Daya tiene contemplado que el fármaco sea elaborado en los laboratorios Knop, para que luego se hagan estudios clínicos en tres hospitales que adhirieron al convenio, el San Borja Arriarán, el Instituto Nacional del Cáncer y Las Higueras, de Talcahuano, además de ser distribuidos en 20 municipalidades, que van desde Arica a Punta Arenas, las que lo entregarán a través de sus centros de salud. Los estudios clínicos de los hospitales apuntarán a diagnosticar la efectividad del medicamento, además de conocer los efectos secundarios que pueda producir. Por primera vez en Chile se tendría evidencia concreta amplia sobre las posibilidades de un fármaco hecho en base a cannabis. La cosecha cubriría la demanda de cuatro mil pacientes, muchos más que los 200 pacientes a los que alcanzará la primera iniciativa de este tipo que se hizo en la comuna de La Florida, cuya cosecha ya se realizó, aunque los fármacos, que están en proceso de elaboración, todavía no llegan al público.

“Creemos que cuando se hizo lo de La Florida los prohibicionistas estaban volando bajo”, dice Gazmuri. “Y ahora, de alguna parte han salido las trabas”. Villarzú, por su lado, cree que el debate sobre los medicamentos en base a cannabis ha sido desinformado e irresponsable. “No se ha valorado como se debe el tremendo esfuerzo de la fundación Daya”.

***

Todos los pasos legales para que Daya pueda empezar la plantación, cosecha y luego producción del fármaco han sido llevados por el estudio de Juan Pablo Hermosilla. En el estudio aseguran que las dilaciones no han respondido a variables objetivas, sino que a variables subjetivas. “Lo que la fundación Daya está padeciendo en cuanto a esta burocracia dilatoria para poder generar los estudios científicos conducentes a la elaboración de un fitofármaco nacional tiene que ver con una confusión. Cuando se habla de cannabis, automáticamente salta la palabra marihuana asociada a ella. Por lo tanto, se siente de lo que se habla es del mercado de las drogas. Lo que hace la fundación no tiene nada que ver con el mercado de las drogas, duras o blandas. Tiene que ver con el mercado de la salud”.

Catalina Delgado, abogada de Hermosilla y Compañía, explica que la Ley 20.000 de sustancias establece que la institución que debe autorizar la siembra, cultivo y cosecha para la producción de medicamentos es el SAG. Cuatro meses antes de una plantación, la ley dice que se debe solicitar autorización al director regional del SAG, quien debe remitir los antecedentes con la solicitud a la intendencia regional. Al ser una sustancia controlada también se necesitan informes de Carabineros. “Los informes de Carabineros ya están”, asegura Delgado. “Pero el de la intendencia se ha entregado sin pronunciamiento alguno, ni a favor ni en contra. El director del SAG revisa este informe, pero se ve atado de manos. Se cumple con lo formal que exige la ley, pero no hay pronunciamiento de la intendencia”.

La solicitud fue presentada el 23 de junio de este año, para que la siembra empezara el 23 de octubre de este mes. Aunque, según la abogada de Hermosilla y Compañía, Catalina Delgado, todos los papeles estaban en orden, el plazo ya no se cumplió. “Al no haber un informe, ya sea negativo o positivo de la Intendencia del Maule, quedamos privados de llevar acciones legales en contra de la resolución que pueda salir. Si alguien quisiera boicotear el proyecto, esta es la forma de hacerlo”.

El martes de esta semana, Ana María Gazmuri y cercanos a su fundación estuvieron protestando frente al SAG en Santiago, aunque el nudo administrativo estaba en la Intendencia del Maule. El mismo martes en la tarde, Gazmuri estuvo exponiendo en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, cuyos integrantes se pronunciaron a favor de que los organismos correspondientes destraben la plantación de cannabis. Desde la Intendencia del Maule han evitado dar una versión sobre la demora en el documento que debían enviar al SAG de esa región.

“Cada día que pasaba, la viabilidad del proyecto se ponía en peligro”, dice Gazmuri. “Creo que la presión ciudadana y el oficio de la Comisión de Salud de la Cámara terminaron por desatar el nudo”.

Con el retraso en los papeleos, las semillas recién podrán plantarse en tres semanas más. Y para que la cosecha sea la proyectada, tendrá que ser apoyada por luces artificiales en varias horas de la noche.

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Gazmuri cuenta que llegó a la cannabis medicinal a través de su búsqueda en otras terapias, las que fue desarrollando en paralelo a su carrera de actriz, y que han ido desde el reiki a las terapias florales. Fue después de un viaje a España en 2013 que llegó con la idea de hacer una fundación sin fines de lucro que ayude a pacientes que puedan necesitar el tratamiento, además de influir en las políticas públicas sobre el cultivo y uso de la cannabis.

La primera vez que Gazmuri recomendó usar el aceite de cannabis para el hijo de una conocida que sufre epilepsia refractaria se dio cuenta de que el tratamiento funcionaba. Las crisis del niño disminuyeron drásticamente, lo que repercutió en su calidad de vida: pudo dormir en las noches y comer de mejor forma. En ese momento se dio cuenta de que la terapia debía llegar a más gente y que la manera era creando una fundación. Gazmuri confiesa que en los dos años en que Daya lleva constituida ha trabajado comiéndose los ahorros que tiene junto a su marido, el argentino Nicolás Dormal, quien antes de trabajar en la fundación era gerente de empresas. Salvo la secretaria, las 17 personas del equipo, que incluye a cinco terapeutas y tres doctores, trabajan ad honorem. Gazmuri cuenta que sólo en Santiago la fundación ha atendido a 3.500 personas y que ya ha se han hecho 3.000 talleres de preparación del aceite de cannabis. También estiman que en las charlas públicas, que van desde seminarios a auditorios de universidades, han llegado a 20 mil personas. De los pacientes tratados, Gazmuri estima que el éxito de las terapias con el preparado llega a un 80%.

La importancia de que el medicamento se distribuya en hospitales y consultorios tiene que ver con el alto costo que ahora implica la producción artesanal del fármaco para sus usuarios. Andrea Acevedo es uno de esos casos. Su hijo León, de un año y siete meses, tiene epilepsia refractaria. Acevedo cuenta que es uno de los primeros niños en tratarse con el preparado de cannabis y que lo hace desde que él tenía cuatro meses. “Su calidad de vida mejoró de inmediato”, cuenta. “De las 500 crisis que tenía al día pasó a tener tres o cuatro promedio. Antes no dormía ni comía y ahora sí. Además, se ve más activo, más despierto, porque el aceite regenera neuronas y células madre”.

El gran problema es que Acevedo debe gastar 200 mil pesos mensuales en marihuana y que la compra la debe hacer a traficantes de Pudahuel, la comuna donde vive. El dinero no alcanza, porque su marido, quien ganaba 350 mil pesos como supervisor en el Transantiago, este mes perdió su trabajo. La plata para costear el tratamiento, que llega a los 500 mil pesos cuando se incluyen los otros medicamentos que León debe seguir tomando, la completa con donaciones de amigos y familiares, además de rifas y completadas.

“Por eso es tan importante que se apruebe el autocultivo”, dice Ana María Gazmuri. “El costo de un gramo, que en el mercado negro es de 10 mil pesos, bajaría a mil pesos”.

Acevedo, por su lado, cruza los dedos para que el proyecto de Gazmuri de producción de cannabis medicinal vea la luz. El costo de la botella de aceite de cannabis preparada en el laboratorio llegaría a los 14 mil pesos, mucho menos que los 200 mil pesos que hoy gasta al mes. “Por eso, voy a todas las marchas con la Anita María”, dice convencida.

Guillermo Fariña es neurólogo del Hospital San Borja Arriarán, donde está el servicio de neurología infantil más grande de Chile. Cuenta que se ha atrevido a usar el preparado de cannabis en seis niños con epilepsia refractaria y que ninguno de ellos ha tenido efectos secundarios serios. “Sólo en uno tuve que suspender el tratamiento, porque le producía secreciones, pero en el resto la experiencia ha sido buena”, dice Fariña. “Han mejorado su tono muscular, lo que es bueno, porque a muchos les cuesta moverse o sentarse, y eso ha hecho que mejore su calidad de vida, que puedan dormir mejor. Algunos han disminuido su número de crisis, pero no me consta que sea por el uso de cannabis medicinal”.

Fariña todavía no está seguro de las propiedades que la cannabis puede tener. Por eso mismo, hizo de puente entre la fundación Daya y el San Borja para que se haga el estudio clínico ahí. “Sólo después de eso tendremos mayores certezas del uso que le podemos dar”.

Gazmuri, por su lado, no tiene dudas: “La cannabis sirve para aliviar el dolor y en algunos casos incluso cura las enfermedades. Nos falta facilitar su acceso, hacerlo económicamente viable para las familias con pocos recursos. Este es el primer paso”.

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