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¿A quién le compete regular los Clubes de Cannabis en España?

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¿A quién le compete regular los Clubes de Cannabis en España?
©Google Images

La delegación de gobierno de Barcelona pretende recurrir la ordenanza que regula los clubes cannábicos en Granollers. En este artículo vamos a analizar el caso echando una vista al contexto que lo rodea.

En junio del año pasado, el Ayuntamiento de Granollers aprobó definitivamente la ordenanza municipal que regularía el uso de cannabis recreativo en clubes cannábicos que reunieran las condiciones acordadas, en la tónica de otros ayuntamientos que estaban haciendo regulándolo de igual modo, como es el caso de Mataró, Vilanova i la Geltrú o Sitges.

Esta regulación, entró en vigor con la publicación de la ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, a fecha de 18 de Julio de 2016. Pues bien, unos días mas tarde, como cuenta la propia Mónica Oliveres, regidora de Urbanismo del propio ayuntamiento de Granollers en unas declaraciones para el periódico Nació Granollers, la delegación de gobierno de España, al poco de hacerse efectiva la ordenanza aprobada, pidieron más información y comunicaron que iban a investigarla y analizarla a fondo. Ahora, anuncian que van a recurrirla.

Y, ¿dónde está el problema? El problema radica en que la interpretación de la Ordenanza que ha hecho la delegación de gobierno dista mucho de la intención con la que se ha hecho. Éstos, centran el recurso en que esta ordenanza puede incurrir en invasión de competencias además de considerar que por ello, cabe la posibilidad de estar infringiendo alguna ley penal. Todo, bastante lejos de la realidad.

Según comentaba Oliveres:

“Lo único que hace esta ordenanza es regular las ubicaciones de estos centros y sus características infraestructurales para garantizar la convivencia con los vecinos, una función que compete a los ayuntamientos”

Para el Ayuntamiento de Granollers y la ordenanza buscan establecer unas condiciones de salubridad, seguridad e higiene para que estas asociacionescannábicas ejerzan sus actividades enmarcadas en el contexto de asegurar y proteger tanto a las personas usuarias y miembros de la asociación, como a los vecinos colindantes de dichos clubs.

Por último, Mónica Oliveres quiso también recordar, que la justicia ya ha dado la razón a los ayuntamientos en casos similares, y razón tiene. Por enumerar algún ejemplo rápido, por las mismas fechas en las que se aprobaba esta ordenanza de Granollers, el Tribunal Superior Vasco desestimó un recurso de la Abogacía General del Estado contra la ordenanza municipal que realizó San Sebastián para regular las entidades cannábicas.

Y aquí es donde viene la pregunta con la que encabezamos este artículo. ¿A quién le compete legislar los clubes cannábicos? Si examinamos como está siendo por ejemplo el modelo vasco o el catalán son primero los ayuntamientos los que proponen normativa y ley en torno a la asociación cannábica de personas adultas, y a raíz del movimiento político de base, a pequeña escala, es cuando se ha comenzado a movilizar en el estrato político superior, llegando como propuesta de ILP que actualmente está debatiéndose en el Parlament de Catalunya.

Pero lo que vemos es que, una vez se llega a consenso, se establecen pactos, se debate a micro escala política, en pequeños o grandes ayuntamientos (como el caso de Granollers o San Sebastián ) e incluso se llega a regular y legislar, aparece un organismo del gobierno central (como puede ser los anteriormente citados, abogacía del estado, delegación de gobierno…), que pone en cuestión o interpreta a su modo la regulación establecida y comienza los trámites para echarle freno, paralizarla, o directamente desestimarla.

Desde la comunidad cannábica no se entiende cómo, si ya hay jurisprudencia que explica que estas ordenanzas ni legalizan los clubes sociales, ni tampoco el cultivo, además de no fomentar el consumo, comercialización o exportación de cannabis, se puede producir una interpretación errónea, en órganos políticos nacionales, de la intencionalidad con la que otros órganos políticos (también nacionales pero mas pequeños) crean normativas y leyes para regular la actividad de un grupo de personas constituidas como asociación en su municipio.

Todo esto lo que crea es un mayor desamparo en las organizaciones dedicadas al cannabis y en sus usuarios, posibilitando que haya una mayor cantidad de situaciones que se encuentren en un limbo legal, en el que choque el derecho de asociación de los ciudadanos con la ausencia de una ley o un marco legal claro y definido por un órgano político competente y definitivo.

Por ello no acabamos de ver claro, que a cada intento de legislación o normalización de una situación que es ya una clara realidad (la del uso del cannabis tanto como para consumo médico o recreacional y la asociación de estos usuarios), patente en el día a día , se apruebe por una parte y se desestime por otra.

No queremos que esto se convierta en una lucha entre partidos políticos en diferentes escalafones por la lucha de las competencias en materia de algo que hasta a día de hoy es tan problemático. Lo que queremos y deseamos, es que se analice cómo están funcionando estas pequeñas ordenanzas que se están llevando a cabo en algunos municipios y se determine un marco normativo general, que establezca los pasos a seguir para la creación de estas organizaciones de usuarios cannábicos. Derechos y obligaciones que permitan, cómo ya hemos dicho muchas veces en Nekwo, la convivencia perfecta entre usuarios de cannabis y no usuarios.

El consenso, la transparencia y la efectividad política son las que este tema necesita. Sabemos que el tabú alrededor de la marihuana está cambiando, y debemos luchar por lo que son nuestros derechos, siempre garantizando que los de fuera de nuestra comunidad se puedan desenvolver sin ningún problema.

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